Tuesday, July 10, 2012

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IV Asamblea Nacional de Personeros. Panorama Nacional de Víctimas y papel de las Personerías frente a la Ley de Víctimas

A pocos días de dar inicio en Cali a la IV Asamblea Nacional de Personeros, que se realizará en la ciudad los próximos 12 y 13 de julio del 2012, donde el tema central será la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Personería de Cali ha hecho una revisión general al panorama nacional en el tema de víctimas y la situación actual que presentan las Personerías con el fin de conocer en qué condiciones se encuentran para la implementación de la Ley 1448 del 2011.

Las masacres en Colombia son una de las formas más violentas y atroces que ha generado víctimas en Colombia como consecuencias del conflicto armado y éstas causan muertes, heridos, desplazamiento forzado y torturas. En nuestro país, las masacres han sido atribuidas a la guerrilla de las FARC, a las autodefensas o paramilitares y a la guerrilla del ELN.

Algunas de los hechos más recordados por la magnitud de los hechos son la de Mapiripán con un saldo aproximado de 49 asesinados, la de El Salado con más de 100 muertos, Trujillo, con 352 homicidios, la de Bojayá, con 119 víctimas, entre otras.

En el país hay unas zonas que se han identificado como territorios de alto riesgo como lo son el sur de Bolívar, los municipios de Yondó y El Bagre en Bolívar donde de acuerdo a cifras de Acción Social desde el año 2.000 se han desplazado 99.531 personas, se registraron 38 víctimas en masacres, 169 víctimas de minas antipersonales y homicidios.
Los Montes de María compuesta por varios municipios de Sucre y Bolívar es una zona que desde 1990 se la han disputado guerrilleros y paramilitares y allí se han presentado más de 45 masacres, entre ellas las de Mampuján y El Salado, donde se desplazaron 219.603 personas y 242 fueron víctimas de minas antipersonales, según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR.
Sin embargo, a pesar de la significativa cifra de víctimas que se ha reportado en esta parte del país, son pocas las solicitudes y declaraciones de víctimas que se han recibido en los Entes de Control.

Así lo denunció el personero de Carmen de Bolívar, Jorge Armando Varela, quien hasta ahora sólo ha recibido 420 solicitudes por reparación de víctimas y 464 solicitudes de restitución de tierras. En esta zona se estiman que hay por lo menos cien mil víctimas y desplazados. Hasta ahora ninguna víctima ha sido reparada.
En cuanto al tema de restitución de tierras en Carmen de Bolívar, el personal a cargo de realizar la caracterización de los terrenos apenas ahora, luego de un año de aprobada la Ley de Vícitmas, se está realizando los procesos de capacitación lo que ha impedido el ágil desarrollo de las funciones que les compete.
Catatumbo es una zona comprendida por los municipios El Tarra, Tibú, Convención, San Calixto, Teorama y El Carmen, en Norte de Santander. Allí las Autodefensas cometieron masacres y tenían un crematorio ilegal para desaparecer a las personas, dejando por lo menos 8.000 víctimas en esta región del país.
A partir de 2002, el Catatumbo presentó las más altas tasas de victimización con 25 masacres en las que fueron asesinadas 203 personas. 430 fueron víctimas de minas antipersonal y 71.825 colombianos fueron desplazados de esa zona. En el 2002, el año más crítico en esta zona, fueron desplazadas 21.000 personas.
Precisamente el personero de Tibú, en Norte de Santander, Manuel Eduardo Jaimes, manifestó que en esta zona tan azotada por la violencia se ha iniciado el proceso de reparación de víctimas, pero a “paso muy lento”. De 179 veredas que hay allí, 22 han sido priorizadas porque se encuentran a 5 kilómetros a la redonda del casco urbano y de acuerdo al Ejército Nacional es una zona donde pueden garantizar la seguridad para que se realice la restitución de tierras.
Del mismo modo, de 3.000 solicitudes recibidas en la Personería de Tibú, sólo a 50 víctimas se les ha realizado la reparación. En cuanto a restitución de tierras, se han recibido un aproximado de 800 solicitudes, todas se encuentran en proceso.
El Personero también denunció que la población reclama la reparación y se quejan porque han tenido dificultades con Acción Social, debido a que han presentado la declaración hasta en tres ocasiones y en esta entidad no realizan la documentación debida, por lo tanto, no quedan registrados y esas declaraciones quedan archivadas y perdidas.
En el sur oriente antioqueño integrado por nueve municipios de Antioquia y dos de Caldas, el panorama también es preocupane. Esta ha sido una zona con presencia de grupos armados ilegales por su cercanía al Valle de Aburrá. En 2.002 se presentaron en la región 57 masacres en las que fueron asesinadas 319 personas, 755 pisaron minas antipersonal y ese año 37.926 abandonaron sus tierras. El Urabá antioqueño y chocoano es otra zona de alto riesgo que entre 1997 y 2009 reportó 44 masacres, 412 asesinados, 448 personas víctimas de minas antipersonales y 323.228 desplazados.
Otras regiones del país como el Salado, Carmen de Bolívar, La libertad en Sucre; los municipios de Tibú, La Gabarra en Norte de Santander; Puerto Asís, El Placer, La Dorada, Santa Ana en el Putumayo y Buenos Aires en el Cauca también reportaron una significativa cifras de masacres, minas antipersonales, desplazamientos, abusos sexuales y torturas. Por lo menos se registraron 5.000 víctimas y unas 12.000 personas desplazadas en estas zonas.
La situación de violencia de algunos municipios también afecta la integridad de los Personeros, como es el caso de Caloto en el Cauca, donde es una zona roja que sufre hostigamientos constantes por parte de la guerrilla y el personero actual ha asumido el cargo en reemplazo de un personero asesinado.
Se calcula que por lo menos el más de 100 personeros es decir un 10% del total de personeros, son víctimas de intimidaciones y amenazas, viven con temor y zozobra, algunos renuncian otros continúan bajo presiones.
El conflicto Colombiano ha dejado un aproximado de 3.875.887 personas desplazadas, las cuales conforman 905.114 hogares, de acuerdo a cifras de la Unidad de Víctimas del Departamento para la Prosperidad Social, DPS.
Con la implementación de la Ley 1448 del 2011 se busca reparar a todas esas personas víctimas del conflicto armado y a sus familiares, en el caso de los desplazados retornarles sus tierras y brindarles las garantías para permanecer en ellas. Para ello, se cuenta con un presupuesto de 54.9 billones de pesos.
Desde la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, del 10 de junio de 2011 hasta el 20 de junio del 2012, se han recibido en todo el país 15.759 solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas, que corresponden a reclamaciones de 1.198.643 hectáreas.
De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras los departamentos de Antioquia, con 2.275 solicitudes, Bolívar con 1.721, y Cesar con 1.321 ocupan los tres primeros lugares en las solicitudes de ingreso al registro. Los municipios que más solicitudes reportan son El Carmen de Bolívar, en Bolívar con 767, Turbo, en Antioquia, con 459 y Tibú, en Norte de Santander, con 410.
Las oficinas que más solicitudes han recepcionado son la de Bogotá con 3.140, la oficina de Dirección Nacional de Restitución de Tierras con 1.329 y Cali con 1.289.
En cuanto al tema de Víctimas hasta mayo del 2012 el Registro Único de Víctimas ha recibido 76.436 solicitudes de inscripción.
Durante los primeros meses de aplicación de la Ley se han reparado 185.836 víctimas, donde no cuentan los desplazados, y se han registrado 20.000 casos de retornos y reubicaciones de hogares desplazados.
La escasa cifra de retornos y reubicaciones refleja la incapacidad del estado Colombiano por recuperar los terrenos que le fueron despojados a las víctimas del desplazamiento en Colombia y la falta de garantías que tienen para brindar la seguridad para que retornen a sus tierras.
Algunos representantes de las víctimas como Rosario Aguilar Arpuchana, representante de la cultura Wayú y miembro de la mesa de concertación de los pueblos indígenas para la ley de víctimas, considera que “hasta ahora con la ley 1448 ha habido dificultades porque no ha sido el eje central, como quisiéramos”.

Por su parte Felipe Asprilla, líder de Fundachoc y coordinador de la Mesa Municipal de la Población en Situación de Desplazamiento de Cali, piensa que la Ley 1448 cogió a las entidades de improvisto, “por eso hay que fortalecerlas de a poco, desde la Asamblea Nacional se puede capacitar a los personeros para que conozcan los lineamientos de la Ley”.

En el caso de las Personerías, que son las entidades encargadas de la toma de declaraciones, de la instalación de las mesas municipales de organizaciones de víctimas y organizaciones representantes de las mismas, deben ejercer la secretaría técnica de las mesas de participación, servir de puente entre las organizaciones y el Gobierno y ejercer vigilancia y control para que las demás entidades responsables cumplan con sus obligaciones de acuerdo a la Ley.

Estos órganos de control presentan deficiencias que impiden el óptimo desarrollo para dar cumplimiento a las responsabilidades asignadas, según Alfonso Campo, presidente de FENALPER y personero de Valledupar en el Cesar, “hay personerías de 5 y 6 categoría en municipios pequeños, sin herramientas, sin presupuesto, sí las personerías capitales tenemos dificultades dificultades ¿cómo estarán ellos?”.

Las Personerías de Novita en el Chocó, la de Mitú; en el Vaupés, o la de Florencia, en el Caquetá reflejan claramente esta situación. Éstas presentan dificultades económicas, tecnológicas y de personal que impiden brindar la atención oportuna a las víctimas y dar cumplimiento a la implementación de la Ley 1448 del 2011.

Los representantes de estos Entes de Control no cuentan con el recurso económico para adquirir implementos tecnológicos, (computadores, scaners, fotocopiadoras, papelerías, internet), esenciales para la tomas de declaraciones de las víctimas. Tampoco tienen el capital financiero para asistir a capacitaciones sobre la Ley y no cuentan con el recurso humano para atender a las víctimas, pues sólo son dos personas: el Personero y la secretaria.

De acuerdo con Alfonso Campo, presidente de FENALPER y personero Valledupar en el Cesar, en la actualidad las Personerías del país no están en la capacidad de atender a las víctimas, pero tienen el reto y la responsabilidad de asumir el compromiso. “Es necesario el apoyo del Gobierno Nacional y Municipal para que se les faciliten los recursos humanos y poder optimizar la atención a víctimas”, dijo.

Otras de las dificultades identificadas son la instalación de las Mesas de Víctimas como ocurre en Irinida, Guainía, donde de acuerdo a la personera Lizeth Norelis Méndez, hasta el momento sólo se ha inscrito una organización.
A su juicio, “las organizaciones de víctimas no están constituidas legalmente o las víctimas están cada una por su lado y haciendo todo de manera individual”.

Méndez dijo que necesitan que la Unidad de Víctimas haga presencia y los capacite, además dejó en evidencia que el cambio de formato para la toma de declaraciones también a representado dificultades en el proceso.

Andrés Santamaría Garrido, Personero de Cali y anfitrión de la IV Asamblea Nacional de Personeros, “será el espacio propicio para discutir y debatir las dificultades que tenemos para dar aplicabilidad a la Ley de Víctimas y a su vez mostrar que las Personerías tienen la voluntad y disposición para trabajar por las víctimas”.

El Personero de Cali insistió en las necesidad de hacer un “llamado a los gobiernos municipales, por que ellos tienen la obligación de asignar un presupuesto adicional a la personería para la implementación de la Ley 1448 y hasta ahora ningún personero ha recibido esos recursos”.

Aunque el Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación han asegurado que hay $54 billones destinados al cumplimiento de los 10 años de vigencia de la Ley y que para este año se han dispuesto $6,1 billones aún no se han desembolsado los dineros.

En el caso de las Personerías ninguna ha recibido el presupuesto adicional que deben de recibir para dar cumplimiento a la Ley.

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Gobernador Ubeimar Delgado Blandón atiende la crisis del HUV

El Gobernador Ubeimar Delgado Blandón, en conjunto con el Bloque Parlamentario del Valle del Cauca, atendió un tema fundamental para el departamento, como lo es la crisis hospitalaria, que afronta actualmente el departamento; con el fin de brindar un mejor desarrollo para el sector de la Salud.

“En cuanto al Hospital Universitario del Valle-HUV, es una situación crítica, el Gobierno Departamental ha designado al Secretario de Salud, para darle el auxilio que corresponda y la autorización que sea necesaria por parte del Gobierno Departamental y el Secretario de Hacienda, además de gestionar ante la Nación, puesto que las acreencias de las deudas que se tienen con el Hospital no son de orden departamental, sino de las EPS que están en mora de 63 mil millones. Por ello estamos escuchando las partes, incluso los sindicatos; para atender las inquietudes y quejas que se tienen y estamos pidiéndoles que levanten las vías de hecho, para llegar a un diálogo civilizado y buscar la solución”, manifestó el Gobernador Ubeimar Delgado.

Por su parte la directora del HUV, María Lucero Urriago, dijo “es la misma crisis del Sector, no somos ajenos a la problemática del sector y el Hospital hace parte del sector Salud, entonces el no pago de las EPS a nuestra institución nos tiene en grandes dificultades, hoy de los 114 mil millones que se nos debe a nivel general, el 60% son de las EPS del régimen subsidiado y si no llegan los recursos oportunamente cómo podemos pagar oportunamente y cómo podemos brindar atención oportunamente, no se puede, porque esto es pues es una cadena.“

El congresista Henry Arcila, afirmó que “hay una situación delicada en el tema y en esta reunión se propuso una gestión inmediata con la Ministra, para darle cumplimiento a los giros de unos recursos que se estaban adeudando al Hospital Universitario y que aún no hemos recibido”.

Igualmente se espera que entre hoy y mañana, lleguen los 6 mil millones al Hospital que le fueron asignados por giro directo del Gobierno Nacional y que se utilizarán para el pago de primas, nómina y gastos a proveedores, logrando subsanar las falencias que hoy se presentan.


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